En una reunión de comisiones conjuntas de Asuntos Agrarios y Pesca y Medio Ambiente se aprobó el proyecto de la legisladora de Juntos, Felicitas Beccar Varela, que busca aplicar en la Provincia de Buenos Aires una ley marco para la implementación de las Buenas Prácticas Agropecuarias.
La Presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca y autora del proyecto destacó en diálogo con Vive que la intención era “generar un marco regulatorio que premie la aplicación de Buenas Prácticas para la bioeconomía de nuestra provincia. Creemos que es importante generar incentivos positivos para quienes producen cuidando los recursos naturales, el medio ambiente y con ellos a las comunidades, en vez de castigar a quienes no lo hacen sin perjuicio de los apremios y penas que existen en las normas que protegen concretamente al desarrollo sostenible”.
El objetivo es que los emprendimientos agrícolas, ganaderos, apícolas, mixtas, frutícolas, y hortícolas se beneficien en forma directa certificando que han aplicado las Buenas Prácticas y también organizaciones del tercer sector que tengan objeto social directamente vinculado al tema con actividades de comunicación y capacitación.
Beneficios
La iniciativa busca, además, mostrar los impactos positivos que la producción puede tener en la sociedad y el ambiente. “Quienes trabajan son los primeros y más interesados cuidadores de los recursos naturales. Entienden y sienten muy bien este compromiso con la protección de su entorno porque son parte de los eslabones de la cadena y los necesitan para seguir creciendo.”, afirmó Beccar Varela.
La ley establece una serie de incentivos. Entre ellos: ANR, desgravaciones impositivas y asistencia crediticia.
Beccar Varela concluyó que “la aplicación de esta ley garantiza que la producción se lleve adelante con un estándar mínimo de base que promueve un impacto social y ambiental positivo, generando una nueva cultura, nutriéndose y actualizándose por programas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo pero trascendiendo las gestiones coyunturales para brindar seguridad jurídica en políticas públicas troncales sostenidas a largo plazo, tal como se precisa en estas industrias a cielo abierto cuyos resultados llevan ciclos que deben respetarse inevitablemente”
